Peleando hasta la última gota de agua
Octavio Avendaño
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Cuando el 90% del agua en Chile está vendida a particulares, el 10% restante exige una defensa multidimensional frente a la discusión legislativa. La investigación Fondecyt es de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y apunta a identificar a los grupos de interés y la influencia que ejercen. Uno de los investigadores, Octavio Avendaño nos cuenta cómo mejorar la convivencia del Estado con el recurso básico y fundamental del ser humano: el agua.
El agua ¿bien público o privado? Y si es un recurso humano básico ¿por qué gran parte de ese recurso se encuentra en manos de privados? Por último, frente a la sequía ¿puede ser un negocio con fines de lucro? Estas preguntas son parte del proyecto Fondecyt sobre el comportamiento de los grupos de interés en la reforma al Código de Aguas que se adjudicó como investigador responsable Octavio Avendaño, académico del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, junto a los co-investigadores Cecilia Osorio G., actual jefa de la carrera de ciencia política y relaciones internacionales UAH y Jorge Vergara V., sociólogo y postdoctorando en sociología en la Universidad de Chile. El proyecto tiene como plazo de estudio tres años y el objetivo de identificar a aquellas organizaciones y asociaciones que han estado involucradas en la discusión sobre la reforma al mencionado Código de Aguas, reconocer los principales hitos de la discusión, los temas más controversiales, y las posturas asumidas por cada grupo a lo largo del proceso.
Según explica el profesor Octavio Avendaño, existen diversos intereses, mucho de ellos contrapuestos, que justifican el plazo establecido para el desarrollo de la investigación.
La discusión del Código de Aguas comienza en el gobierno de Sebastián Piñera y como proyecto de ley en el actual gobierno de Michelle Bachelet. “Este estudio permitirá tomar antecedentes del conflicto de la tierra, de la propiedad y del agua, la enajenación de este recurso natural, la privatización y la concesión de derechos a perpetuidad”, señala el investigador.
Las cifras estipulan que se está reformando un porcentaje bastante limitado y restringido que es el 10% de las aguas disponibles desde el Estado. Son aguas que podríamos denominar de uso público, pero que están en controversia, porque el 90% restante ya fue entregado a particulares. En algunos casos fueron concedidos por algunos años y en los casos más dramáticos a perpetuidad.
Todo lo que ha ocurrido desde que se promulga el código y las consecuencias que se han suscitado en las zonas agrícolas con el control del riego, la escasez y la sequía son las situaciones más crónicas.
Por esta razón las preguntas fundamentales que responderán los investigadores son: cómo se resuelven esos conflictos y qué gobernanza se debería aplicar.
-¿Cómo surge el interés de estudiar a los dueños del agua en Chile?-
-Según Avendaño: “Este interés surge de manera tangencial de otra preocupación que se da en una investigación Fondecyt anterior que se denominó “Grupo de interés y proceso legislativo en Chile”. Además, deriva de la elaboración de un libro sobre el proceso de la Reforma Agraria en Chile, donde la idea de expropiar superficies de particulares se acompañó por primera vez de una regulación de los derechos de agua concedidos a particulares. Fruto de estos dos estudios surge ampliar en detalle el efecto de la privatización y el comportamiento de los mismos grupos de interés.
Para el académico, analizar en detalle todo el marco regulatorio, los vacíos legales y cuál es el rol del Estado, de la Comisión Nacional de Riego, de las organizaciones y del propio Ministerio de Obras Públicas es vital para legislar pensando en el futuro.
La metodología que se aplicará consta de un mapeo a los distintos actores, un análisis de la posición que van a ir adoptando en el marco de la discusión legislativa, y tomarán como fuentes las actas de la comisión de la cámara de diputados y senadores. Luego se realizará un seguimiento de prensa, intentar medir el lobby e insistir en medir la influencia con metodologías que se han hecho en Estados Unidos y Europa.
El Código de aguas es antiguo, se ha modificó en los años 90, de estos cambios algunos tuvieron por finalidad regular el uso de aguas en territorios indígenas, pero las reformas que se introdujeron no logran revertir los efectos de la privatización.
En ese sentido, hay una limitación enorme si se compara con la Reforma Agraria, porque se realiza bajo la concepción del derecho de propiedad establecido en la Constitución del año 25, que establecía que el interés privado no podía estar por sobre el interés público.
-¿Qué ocurre en el contexto actual?-
-En el contexto actual, la constitución invierte esa condición porque el interés privado está sobre el interés público. Se plantea incluso, que el acceso al agua debe ser un derecho humano universal. En ese sentido, hay un aspecto de orden constitucional que hace más interesante el estudio.
Links UAH:
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